Política
Caos

Es una olla a punto de estallar: ante la salida de diversos funcionarios, la oposición se olvida de pedir explicaciones

La oposición sigue dormida y el Ejecutivo sigue realizando cambios sin ninguna explicación.
La oposición sigue dormida y el Ejecutivo sigue realizando cambios sin ninguna explicación.

La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave en materia de control, sigue profundizando su crisis interna. Tras la renuncia de la vicepresidenta Luna Montes Von Herman, que duró apenas nueve meses y dejó ese cargo vacante, la semana pasada se fueron dos directores: Diego Gamba, a cargo del área de Internacionales, y Silvana Carvallo, hasta ahora directora de Sumarios. Ambos aterrizaron en la AFIP, que se transformó en un refugio privilegiado para muchos funcionarios.

En la AFIP ya había recalado Mariana Quevedo, la primer vice de la UIF durante la gestión de Alberto Fernández. Su salida se concretó en octubre de 2021, en medio de una feroz interna con el entonces presidente del organismo, Carlos Cruz, un hombre alineado con el Presidente.

La funcionaria, que responde al cristinismo, quedó a cargo de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social. Pero recién hace dos semanas, cuando su sucesora en la UIF ya se había marchado, se oficializó su pase a planta permanente de la AFIP.

La Coalición Cívica siempre sostuvo que Quevedo “fue premiada” por Cristina Kirchner con un cargo efectivo en el Estado. “Demoró la información que debía suministrar la UIF en las causas de Lázaro Báez. Y habría cajoneado los reportes UIF de la hija de Milagro Sala”, denunció la diputada Marcela Campagnoli.

Efectivamente, su gestión, como la de Cruz, quedó envuelta en varios escándalos. El principal tuvo lugar en el área de Litigios, donde trabajan los abogados que representan al Estado en los juicios por corrupción. Las esquirlas de ese conflicto impactaron en el juicio por “la ruta del dinero K”.

En el verano de 2020, cuando estaban por empezar los alegatos, los funcionarios de la UIF que recién habían llegado reclamaron que se reduzca el pedido de pena para el empresario Lázaro Báez.

“La pena tiene que ser más baja, seis años”, disparó el entonces director de Litigios Penales, Claudio Castelli. Hubo al menos tres reuniones para intentar modificar ese alegato: Cruz mandó a su jefe de Gabinete y Quevedo puso a una persona de su confianza, Silvana Carvallo, entonces jefa de Sumarios. 

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