Una coalición de destacados organismos de derechos humanos presentó una denuncia conjunta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y otros funcionarios del Gobierno provincial. La denuncia, que recopila más de 100 casos, acusa al gobierno de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de junio y julio en Jujuy, en el contexto de las protestas por la reforma de la Constitución provincial impulsada por Morales.

Denuncia amplia y contundente

La denuncia, liderada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y respaldada por una coalición de organismos de derechos humanos a nivel nacional y provincial, abarca un espectro amplio de acusaciones. Los funcionarios mencionados en la misma incluyen al propio gobernador Gerardo Morales, su ministro de Seguridad Guillermo Corro, el jefe de la Policía Horacio Herbas Mejías, el fiscal de Estado Miguel Rivas, el procurador general Mariano Zurueta y otros miembros del Poder Judicial jujeño.

Según Pablo Llonto, periodista especializado en derechos humanos que comentó la denuncia, el objetivo es que se investigue esta serie de eventos como un conjunto de "graves violaciones a los derechos humanos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial". La denuncia busca establecer la coordinación entre ambas ramas del gobierno y enfatizar la dificultad de buscar justicia a nivel local en Jujuy.

Búsqueda de justicia en un terreno adverso

A pesar de las dificultades que enfrentan debido al contexto político y judicial en Jujuy, los denunciantes tienen la esperanza de que la Justicia Federal intervenga. Llonto señaló que "la búsqueda es en un territorio muy hostil" pero que están decididos a seguir adelante para que "esto que pasó no quede impune". En caso de no obtener resultados a nivel nacional, no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Protestas y represión en Jujuy

La represión en Jujuy tuvo lugar después de un levantamiento popular que se desató en muchas localidades de la provincia en respuesta a la aprobación apresurada y sin consulta pública de una controvertida reforma a la Constitución local.

La violencia policial no se limitó a episodios de represión durante las prolongadas protestas, que en algunos casos se extendieron por semanas, sino que también incluyó graves denuncias de persecución, hostigamiento y torturas. Entre las víctimas se cuentan numerosas personas heridas, algunas de ellas con lesiones oculares graves debido a los disparos de la Policía.

Informe internacional de derechos humanos

Alicia Chalabe, abogada de comunidades aborígenes jujeñas, comentó sobre un informe elaborado por referentes de organismos de derechos humanos de países como México, Alemania, Chile y otros. Este informe se centra en los acontecimientos ocurridos en Jujuy los días 17 y 20 de junio relacionados con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución.

Según Chalabe, el mismo contiene pruebas "contundentes" de la vulneración de derechos en Jujuy y del uso del aparato represivo para silenciar la disidencia en relación con una reforma constitucional que se implementó de manera precipitada.

Informe como elemento judicial

El informe elaborado por representantes de organismos de derechos humanos extranjeros podría tener un peso significativo en el ámbito judicial. Según Chalabe, podría servir como base para futuras denuncias o para probar hechos cuestionados en el proceso judicial. También señaló que el estudio se presentará en procesos legales en curso como un elemento de sustento para las denuncias en trámite.

La denuncia contra Gerardo Morales y la presentación del informe internacional subrayan el compromiso de diversas organizaciones en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos en Jujuy. A pesar de los desafíos, están decididas a asegurar que los acontecimientos de junio y julio no queden impunes y que se haga justicia en nombre de las víctimas y la comunidad en general.