Chaco, con índices de indigencia que alarman, índices de violencia que no están estratificados, puesto que se detiene a personas con pedido de captura por supuesta violencia de género con una data de más de dos años.

Según decreto número 2326/22, se dispuso el pago a un proveedor de Estado por el monto de 24.000.000 pesos, todo ello para llevar a aproximadamente 650 personas al Congreso de la Mujer y del LGTB a la provincia de San Luis, que llama la atención que se dividan en dos actos, tal vez porque las mujeres como si, no aceptan la inclusión en dicho congreso de parte del colectivo binario.

Teniendo en cuenta el gasto en política de género para asistir a un encuentro donde consultadas algunas de las personas que asistieron y como lo vimos hace unos años en Resistencia no es imprescindible la cantidad de personas, sino la calidad de los mensajes que llevan, por lo que hace casi obsoleto la presencia de más de 630 ciudadanes del Chaco para expresar su punto de vista.

Con estos 24.000.000 pesos, si es por política de género se podría terminar varios proyectos de ONG existentes sin financiamiento oficial para albergar a mujeres en situación de vulnerabilidad que sufren de violencia de género, como así también adquirir más botones de pánico u otras políticas sobre las personas que sufren la trata de blanca o mejormente expresado explotación sexual con fines de lucro.