El día 15 de septiembre de 2021 un grupo de municipales afiliados al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Paraná, S.U.O.Y.E.M PG. (790 legajo 2.216 cuit: 30-60565370-3) hicieron la presentación ante la Justicia Federal en la ciudad de Paraná una denuncia penal a integrantes del gremio por la presunta malversación de fondos, mal desempeño en la función pública y usurpación de cargos.

La decisión de dicha denuncia elaborada por los empleados, afiliados y el apoderado legal de los denunciantes, José Daniel Casas Gerber en la matrícula Federal 81 tomo 223.

Gracias a los datos recabados en distintos pedidos de información en el ministerio de trabajo y otros organismos oficiales, encontraron varias falencias que llevaron a la denuncia.

Recordemos que S.U.O.Y.E.M ya venía de ser intervenido en el año 2012 y quién estaba en esa misma comisión directiva era el mismo que sigue ocupando el cargo de secretario de Finanzas, quien ya en ese entonces fue denunciado por el interventor Juan José Martínez por el faltante de 3.000.000 de pesos y los balances nunca presentados del año 2010-2011, y los balances 2017-2018 y 2018-2019 que están en observación ya que se encuentran anomalías, con la casualidad que Fernando García es el mismo de hace 10 años.

Otras de las irregularidades encontradas son:

Falsificación de instrumento público 

Después del fallecimiento del secretario general Jorge Brocado, se las ingeniaron para armar una "supuesta" asamblea para el corrimiento de cargos, y que curiosamente empezaron a expulsar integrantes de comisión hasta llegar a poner al vocal primero suplente Héctor Domingo Nichea.

Nichea nunca había participado en los 4 años de gestión dato que llamó y la atención fue que el banco Bersa de la ciudad de Paraná se habría prestado a recepcionar la lista apócrifa y así facilitar el retiro de dinero una vez fallecido el secretario general.

Usurpación de funciones

Para lograr el supuesto delito utilizaron una estrategia, que está en análisis la participación de funcionarios de la gestión del intendente Bahl quienes habrían hecho tráfico de influencias para facilitar las maniobras antes mencionadas por los ex integrantes del gremio denunciado.

La misma fue sin autorización del Ministerio de la Nación, más precisamente Mónica Rissotto es la responsable de responder a todo tipo de expedientes, cosa que nunca hizo, en dos años permitió que se facilite los delitos antes mencionados.

Silencio ministerial

Con más de 15 denuncias en asociaciones sindicales por diferentes violaciones a la ley sindical 23.551 tanto el ministro Claudio Moroni como Rissotto están casi en el delito de prevaricato dejando un gremio a la deriva y con gente que solo ha tenido la intención de vaciar un gremio.