La conexión española con el caso Odebrecht tiene más tentáculos de los ya revelados. La Fiscalía Anticorrupción pidió reabrir nuevas diligencias al tener acreditado que dos empresarios españoles blanquearon parte de los sobornos que el gigante brasileño de la construcción pagó en obras de soterramiento del ferrocarril en Buenos Aires.

La Audiencia Nacional rastrea desde el 2019 el presunto pago de 82 millones de euros por parte de multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a funcionarios de Panamá a cambio de adjudicarse dos proyectos de obra pública.

El expediente es un apéndice de la mayor trama de sobornos de América Latina: los 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales que la firma Odebrecht pagó a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra.

Ahora, el Ministerio Público le pide al juez Ismael Moreno, a cargo de la investigación, que amplíe sus pesquisas e impute a los responsables de la empresa DSC Maganement por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.

La base de la denuncia es una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un contrato (el soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires) que, en su día, el Ministerio de Transporte de Argentina adjudicó a una UTE conformaba por Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa, por entonces de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

En Buenos Aires hay una causa judicial abierta por presuntos sobornos en esta emblemática obra. Están implicados Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los "intermediarios", Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros empresarios y funcionarios.