Organismos de Derechos Humanos expresaron este jueves su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es juzgada junto con otros 12 imputados por el presunto direccionamiento de recursos para obras públicas viales en Santa Cruz, y denunciaron que existen “prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos”.

“Hemos denunciado en forma reiterada que desde el gobierno de Mauricio Macri se han utilizado a diversas instancias del Poder Judicial para hostigar a referentes emblemáticos de la política opositores al neoliberalismo y a un conjunto importante de luchadores y luchadoras sociales”, dice el texto consensuado por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

También firmaron el documento en el que denuncian la práctica del lawfare, los organismos: Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y Asociación Buena Memoria.

“El lawfare violenta los principios básicos del sistema democrático, en particular la división de poderes y la transparencia del poder judicial", indicaron en el documento.

Las entidades defensoras de los Derechos Humanos consideraron que este mecanismo "se está utilizando para amedrentar y amenazar con eventuales fallos condenatorios a la vicepresidenta haciendo además un despliegue mediático alentado por el poder económico concentrado que busca la reinstalación de políticas neoliberales y el achicamiento del Estado”.