Este domingo, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, comunicó oficialmente el cierre del registro de exportaciones de cuatro posiciones arancelarias que incluyen el aceite de soja y sus derivados y la harina de soja, los pellets y otros residuos secos de la oleaginosa.

Cerrar las exportaciones es el paso previo al aumento de las alícuotas para que los exportadores no puedan adelantar la liquidación con los porcentajes hasta ahora vigentes que, según estiman en el sector, serían al menos dos puntos porcentuales más bajos que los que esta semana se anunciarán en el Boletín Oficial. Así las alícuotas pasarían del 31 por ciento actual al 33 por ciento.

De ser así, se perdería la brecha entre las alícuotas sobre el poroto de soja y sus derivados industrializados, lo que es interpretado como un triunfo del cortoplacismo fiscalista para satisfacer los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, sobre la política de industrialización de las materias primas con alícuotas decrecientes para los bienes con mayor grado de industrialización.

Esta es la misma crítica que se le hacía en 2018 a Nicolás Dujovne y Miguel Etchevehere al fomentar la primarización con alícuotas uniformes para priorizar la meta fiscal acordada con el FMI de reducción acelerada del déficit primario a cero.

Dado el bajo peso directo de la soja en el Índice de Precios al Consumidor, la primera lectura es que el Gobierno apunta principalmente a incrementar la recaudación por un lado, pero no se descartan anuncios similares sobre otros granos con el objetivo de desacoplar la evolución de los precios internacionales -en especial del trigo y el maíz- de la de los precios domésticos.