Una grave denuncia por abuso sexual dentro del sistema de salud municipal de General Rodríguez puso en el centro de la escena al intendente Mauro García, acusado de no intervenir pese a las alertas. La causa involucra a un funcionario del SAME que continúa en funciones mientras la víctima permanece con licencia psiquiátrica.

El caso se tramita en la UFI número 10 y el Juzgado de Garantías número 1 de Moreno. La denunciante es una empleada municipal que señaló al director del SAME, Flavio Maciel, por conductas reiteradas de hostigamiento y abuso en el ámbito laboral. Según consta en la denuncia presentada en noviembre de 2025, el acusado realizaba insinuaciones sexuales, exhibiciones y contactos físicos sin consentimiento durante la jornada de trabajo .

De acuerdo al testimonio, los hechos ocurrieron dentro del CAPS 1 de Malvinas Argentinas, donde la víctima se desempeñaba como radiooperadora. Allí, el denunciado habría intentado forzar situaciones de índole sexual, incluso ejerciendo presión mediante su posición jerárquica. La mujer afirmó que, tras rechazarlo, fue desplazada de su puesto sin previo aviso, lo que agravó su situación emocional.

Un informe psicológico incorporado a la causa determinó que la denunciante presenta sintomatología ansioso-depresiva y signos compatibles con haber atravesado situaciones invasivas y traumáticas en el ámbito interpersonal. Además, se destaca que su relato resulta coherente, verosímil y sin indicadores de fabulación, con afectación directa en su vida laboral y personal .

Pese a la gravedad de los elementos reunidos, el acusado continúa cumpliendo funciones dentro del municipio. En paralelo, la víctima permanece bajo tratamiento psiquiátrico y sin poder regresar a su lugar de trabajo por temor a encontrarse con su presunto agresor.

El caso también expone demoras en el accionar judicial. Según el entorno de la denunciante, la atención inicial en fiscalía tardó varios días y la pericia psicológica fue realizada meses después de la denuncia. Recién tras ese proceso, se obtuvieron conclusiones que ahora impulsan un pedido para que la fiscalía avance con medidas concretas.

En este contexto, crecen los cuestionamientos hacia la conducción política del municipio. La denunciante asegura haber recurrido a autoridades como la Secretaría General y el propio intendente Mauro García sin obtener respuestas. La falta de intervención y la continuidad del funcionario denunciado alimentan las críticas sobre posibles encubrimientos o desinterés institucional frente a un caso de extrema gravedad.

Mientras la causa sigue su curso, el eje del conflicto ya no es solo judicial. La situación abre un interrogante más amplio sobre los mecanismos de protección dentro del Estado municipal y la responsabilidad política ante denuncias de abuso en ámbitos de poder.