Una nueva ampliación en la causa federal 12014951 por contaminación en el puerto de Mar del Plata expone un esquema técnico que, según la denuncia, habría funcionado como una estructura sistemática para validar controles ambientales que nunca se realizaron.

El escrito presentado por el denunciante Roberto Maturana no solo profundiza las irregularidades ya señaladas, sino que incorpora documentación y análisis que apuntan directamente a responsabilidades profesionales dentro del laboratorio interviniente.

El eje de la acusación se centra en la presunta falsedad ideológica de instrumentos públicos, señalando a los ingenieros Carlos Alberto Pacchialat y Nicolás Martín, junto a la directora técnica Dora E. Gentilini, por firmar protocolos que certificarían mediciones imposibles.

Entre los casos más evidentes aparece el registro de muestreos de aire con horarios de inicio y final idénticos, como “10:00 a 10:00”, lo que implicaría haber recolectado hasta 1440 litros de aire en tiempo cero, algo técnicamente inviable bajo cualquier método científico.

Los documentos incorporados a la causa, como el Certificado de Cadena de Custodia y protocolos analíticos del laboratorio, refuerzan esta línea. En ellos se observan datos repetidos, estructuras idénticas y resultados sistemáticamente “no detectados” para gases altamente contaminantes como sulfuro de hidrógeno o trimetilamina . Según la denuncia, esto no responde a un ambiente limpio, sino a la inexistencia real de las muestras.

Pero las irregularidades no terminan ahí. La ampliación describe una serie de inconsistencias que, en conjunto, configuran lo que define como un “combo de fraude técnico”. Entre ellas aparece la presencia de fechas cruzadas o incluso futuras, con protocolos que registran extracciones en julio de 2025 pero con informes emitidos previamente, lo que sugiere el uso de plantillas prearmadas sin correlación con hechos reales.

También se detectaron contradicciones entre documentos de campo y resultados de laboratorio, especialmente en variables como humedad o condiciones climáticas, lo que rompe la trazabilidad del análisis.

A esto se suma una inconsistencia aún más delicada: la mezcla de identidades legales dentro de un mismo protocolo, donde figura AGUSTINER S.A. como razón social pero “UNICA” como establecimiento, generando una ambigüedad que podría dificultar la atribución de responsabilidades ante una infracción ambiental .

Desde el punto de vista técnico, la denuncia cuestiona además parámetros críticos como la velocidad de gases en chimeneas, declarada en 9,32 m/s con temperaturas superiores a 160 gracos Celicus. Sin registros de presión, carga de caldera ni condiciones operativas, esos valores son considerados “datos huérfanos de respaldo físico”, es decir, cifras volcadas sin medición real.

Otro punto clave es la ausencia del límite de cuantificación (LC) en varios análisis. Sin ese dato, cualquier resultado de “no detectado” pierde validez científica, ya que no se puede determinar si el contaminante está por debajo del umbral o si directamente no se midió. En términos prácticos, esto convertiría los informes en documentos sin valor técnico.

La presentación judicial también advierte sobre el uso reiterado de los mismos equipos, identificados por número de serie, en múltiples protocolos con fechas inconsistentes. Esto alimenta la sospecha de una producción automatizada de informes, más cercana a un trámite administrativo que a un análisis real de laboratorio.

En paralelo, otro escrito incorporado a la causa reclama celeridad judicial y advierte que la demora en el expediente mantiene vigente un riesgo ambiental sostenido. Allí se señala que las empresas involucradas, entre ellas COOMARPES y AGUSTINER S.A., carecerían de habilitaciones ambientales y continuarían operando bajo este esquema irregular, con impacto potencial sobre la salud pública .

El cuadro general que surge de la documentación es el de un sistema donde controles clave habrían sido reemplazados por simulaciones documentales, permitiendo que las emisiones contaminantes queden formalmente “cubiertas” por certificados que, según la denuncia, no reflejan ninguna medición real.

La causa ahora apunta a ampliar la investigación sobre los responsables técnicos, solicitar peritajes independientes y determinar si los organismos de control aceptaron estos informes sin cuestionarlos. De confirmarse, no solo se trataría de irregularidades administrativas, sino de un posible fraude estructural para encubrir contaminación ambiental durante años.