La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires repudió este jueves las prácticas de lawfare o "guerra jurídica" que se vienen sucediendo contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Para el organismo, que conduce Matías Moreno -hijo de un abogado desaparecido- dichas prácticas "lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad".

En un comunicado, la subsecretaría bonaerense cuestionó las prácticas de lawfare que se ejercen contra la vicepresidenta, a quien el fiscal federal Diego Luciani acusó de "asociación ilicita" en la causa por el supuesto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare".

La subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense expresó que "el lawfare en nuestro país -y en toda Latinoamérica- genera graves lesiones al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno, colocando al Poder Judicial a disposición -y en defensa- de los poderes fácticos".

"Por ello, esta práctica viola integralmente los derechos de las personas víctimas de la persecución mediática-judicial, vulnerando los derechos receptados en nuestra Constitución Nacional y convenios internacionales, tales como el debido proceso, defensa en juicio, principio de inocencia y demás garantías judiciales", aseguró la Subsecretaría provincial.

Consideró que "esta mecánica imposibilita el ejercicio democrático y el sostenimiento de una democracia popular, al proscribir líderes y dirigentes que se opongan a los intereses de los grupos concentrados de la economía en defensa de las grandes mayorías".

"Se crearon peligrosos marcos jurídicos en el seno del Poder Judicial. La llamada "doctrina Irurzun", a modo de ejemplo, impone prisión preventiva a ex funcionarios públicos argumentando la existencia de un 'poder residual' que les permitiría entorpecer la investigación en su contra. Curiosamente, la doctrina sólo fue utilizada contra exfuncionarios del gobierno kirchnerista, no aplicándose contra exfuncionarios de otros partidos políticos", precisó.