Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del primero abril de 2017, en la localidad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.

El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La Ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”, sostuvo “Yuyo” García ante la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, el 6 de mayo de 2020.

La joven entrerriana, a quien llamaban cariñosamente “la Negra”, era militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos, estudiante de Educación Física y oriunda de Concepción del Uruguay.

Desde su asesinato, Yuyo y Andrea trabajan incansablemente para cambiar la realidad y cumplir algunos de los sueños de su hija, pero sobre todo, para sensibilizar sobre la temática y lograr que otras mujeres no pasen por lo mismo. Todo lo articulan desde la Fundación Micaela García “la Negra”, donde, junto a un grupo de voluntarias y voluntarios, realizan múltiples actividades de formación y labor social en territorio.