Los jubilados que perciben el haber mínimo atraviesan uno de los capítulos más sensibles del ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional. Un informe reciente reveló que este sector acumuló una pérdida cercana al 20 por ciento de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con el congelamiento del bono extraordinario como uno de los principales factores del deterioro.

El refuerzo de 70 mil pesos destinado a complementar los ingresos más bajos permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. Según estimaciones realizadas sobre la evolución de la inflación, ese adicional debería ubicarse actualmente en torno a los 210 mil pesos para conservar el mismo valor real que tenía al momento de su última actualización.

La situación volvió a poner el foco sobre uno de los aspectos más cuestionados del programa económico oficial. Mientras el Gobierno destaca la desaceleración de los precios y el equilibrio fiscal como señales de recuperación, desde distintos sectores sostienen que parte de esos resultados se alcanzó mediante una fuerte pérdida del ingreso real en jubilaciones, pensiones y transferencias sociales.

Informes privados, entre ellos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), ya habían advertido retrocesos sostenidos en la capacidad de compra de quienes cobran la mínima.

El impacto excede los números y se refleja en la vida cotidiana de millones de beneficiarios que dependen de esos ingresos para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres y servicios básicos.

En paralelo, organizaciones de jubilados mantienen reclamos y movilizaciones para exigir una recomposición de haberes y la actualización del bono extraordinario, al considerar que quedó completamente desfasado frente al aumento acumulado del costo de vida. El debate, una vez más, vuelve a colocar en el centro el costo social del ajuste y sus consecuencias sobre uno de los sectores más vulnerables.