El Gobierno volvió a defender uno de sus cambios más emblemáticos en materia económica, aunque esta vez los números oficiales quedaron en el centro de la discusión. Durante el Latam Forum, Javier Milei sostuvo que desde la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 los precios de los alquileres cayeron un 30 por ciento “en términos reales” y que la oferta de propiedades se duplicó.

La afirmación presidencial rápidamente encontró cuestionamientos apoyados en estadísticas oficiales. De acuerdo con un relevamiento difundido por Inquilinos Agrupados sobre la base de datos del INDEC, la inflación interanual alcanzó el 32,4 por ciento, mientras que el costo de los alquileres mostró incrementos superiores en todas las regiones relevadas.

En el detalle regional, los aumentos llegaron al 50,7 por ciento en el Gran Buenos Aires, al 64,1 por ciento en la región Pampeana, al 80,9 por ciento en el Noreste, al 81,6 por ciento en el Noroeste, al 59,7 por ciento en Cuyo y al 87,4 por ciento en la Patagonia. Los números contrastan con la idea de una baja generalizada y reflejan que el gasto habitacional continuó creciendo por encima del índice general de precios.

Desde las organizaciones que representan a los inquilinos advierten que el impacto se siente especialmente en los hogares con contratos sujetos a actualizaciones frecuentes. “Estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos”, afirmó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.

“Alquileres que aumentan cada dos o tres meses, por encima de la inflación, y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler”, sostuvo. Así, mientras el Gobierno reivindica los efectos de la desregulación, el debate vuelve a abrirse entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de quienes alquilan.