Una ampliación de denuncia presentada ante el Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata volvió a poner bajo la lupa la situación ambiental y sanitaria en la zona portuaria de la ciudad.

El denunciante, Roberto V. Maturana, junto a sus abogados Julio Mario Razona y María Carpineto, acusó a empresas harineras, organismos de control y autoridades ambientales de sostener durante años un esquema de “impunidad sistémica” vinculado a contaminación industrial, ocultamiento de incidentes y riesgo sanitario para vecinos y trabajadores.

La presentación judicial señala específicamente a las firmas COOMARPES LTDA. y Agustiner S.A., además del Consorcio Portuario y organismos ambientales provinciales, por presuntas omisiones de control y falta de medidas preventivas frente a emisiones tóxicas y fallas estructurales.

Según el escrito, en 2018 se produjo un incendio y explosión en instalaciones vinculadas al sector harinero portuario que habría requerido intervención de Bomberos de Prefectura Naval Argentina. La denuncia sostiene que ese episodio nunca fue informado formalmente al juzgado y que tanto organismos de control como autoridades ambientales omitieron reportar la magnitud del siniestro.

El eje más delicado de la presentación pasa por la incorporación de estudios toxicológicos realizados al denunciante mediante técnicas de absorción atómica y horno de grafito. Allí se detectaron presuntos niveles elevados de cadmio y zinc en sangre, elementos que el escrito vincula directamente con emanaciones industriales derivadas del procesamiento harinero y la corrosión de estructuras fabriles.

La denuncia sostiene que las plantas continúan operando sin sistemas RTO, una tecnología utilizada para tratar gases y emisiones industriales antes de su liberación al ambiente. Según el planteo judicial, la ausencia de esos mecanismos habría permitido durante años la liberación de contaminantes sobre sectores residenciales y áreas cercanas al puerto marplatense.

Además, se afirma que existen actas oficiales por falta de mantenimiento en objetos de presión y otras irregularidades técnicas que demostrarían que las autoridades conocían los riesgos operativos y ambientales de las plantas industriales.

En el escrito también se solicita la formación de un legajo reservado de salud, medidas cautelares para frenar las emanaciones hasta la instalación de sistemas de control ambiental y oficios dirigidos al Ministerio de Ambiente y al Consorcio Portuario para que informen sobre antecedentes, controles y actuaciones vinculadas al caso.