El conflicto por el uso de fondos públicos en General Rodríguez sumó un nuevo capítulo institucional.

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió dar curso a la denuncia presentada por el abogado Miguel Puentes contra el intendente Mauro García, en la que se cuestiona la utilización de recursos municipales con presunto fin político.

Según la presentación, el eje del planteo radica en la entrega de kits escolares financiados con dinero público que incluían elementos identificados con un logo asociado a la gestión del jefe comunal.

Para el denunciante, este tipo de acciones podría configurar una utilización indebida de fondos estatales para promoción personal o partidaria, lo que motivó la intervención del organismo de control.

Con la decisión de avanzar en el expediente, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires habilitó la apertura de actuaciones que permitirán analizar si existieron irregularidades administrativas y eventualmente determinar responsabilidades.

En este tipo de procesos, el organismo evalúa la legalidad del gasto público y puede aplicar sanciones económicas en caso de comprobarse anomalías.

Desde el entorno del intendente no trascendieron, por el momento, definiciones oficiales sobre la resolución, aunque fuentes cercanas a la gestión sostienen que los programas sociales y educativos forman parte de políticas públicas habituales y niegan cualquier uso indebido de recursos.

El avance del Tribunal de Cuentas no implica una condena, pero sí marca un paso clave en la investigación.

A partir de ahora, el expediente continuará su curso con el análisis de documentación, descargos y pruebas, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la delgada línea entre la gestión pública y la comunicación política en los municipios bonaerenses.