Como si no tuviera un extensísimo prontuario, una nueva denuncia golpea de lleno a José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Se trata, sin rodeos, de una cadena de responsabilidades que ubica a Voytenco como un oportunista que abusa de su posición frente al gremio para limpiar, desde adentro, a los opositores y llenarse los bolsillos.

La mecánica es descarada: los trabajadores son desplazados sin precisiones claras, accesos bloqueados, y decisiones ejecutadas por personas que, de acuerdo a una denuncia interna, ya no tienen facultad para hacerlo. Pero, ¿de quiénes se trata?

Allí aparece el nombre de Belén Piedras Hermida, señalada como quien está firmando despidos como si estuviera dando autógrafos, sin ningún tipo tipo de aval administrativo, dado que ella fue apartada de la conducción en enero del 2026. Además de ella, también figura Laura Tochi, vinculada al área jurídica, a la que se le atribuye haber sostenido este esquema bloqueando el ingreso a empleados, tanto a sistemas (de manera digital) como a sus lugares físicos de trabajo. Algunos de los afectados son: Ibalo, Reali, Petriati y Grizzuti.

El punto, tal vez, más espantoso para las víctimas es otro: la plata. Para entenderlo mejor, citemos el caso de Mariano Santander que es un claro ejemplo de una maniobra que, como mínimo huele feo. Él fue despedido en enero del 2025 y cobró una indemnización de 120 millones de pesos. Hasta ahí, hasta podría tratarse de un conflicto laboral más, hasta un mal entendido.

Pero el problema es lo que viene después, esta misma denuncia sostiene que volvió a ser designado dentro de la estructura tiempo después, bajo la misma conducción. Es decir, ratificamos, cobró una suma millonaria por un presunto apartamiento que en realidad nunca existió. A esto hay que sumarle otro dato incómodo: Santander estaría ocupando, al mismo tiempo, funciones en la órbita del Estado bonaerense, lo que abre un frente de incompatibilidad de cargos. Un delito (Art. 265 Código Penal).

¿Y, quién puso el gancho para que esto fuera posible? El entonces responsable de recursos humanos, Lucas Pucci, quien fue despedido con causa y denunciado penalmente por Petroni por esas liquidaciones vistas como una forma de vaciar las cajas del gremio.

La lista de cómplices, hasta podría decirse, de Voytenco, no termina ahí. También apunta a César Augusto Lococo, quien mira para otro lado o directamente avala estas decisiones arbitrarias que afectan la integridad y economía de los trabajadores. Se menciona el incumplimiento de resoluciones judiciales previas y de normas que, en teoría, debían frenar despidos en un contexto de crisis, pero, en lugar de eso, el texto sostiene que las medidas siguieron adelante.

El tiro se amplía y alcanza a la Superintendencia de Servicios de Salud y a funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿El reproche? No haber reaccionado frente a presentaciones realizadas desde febrero. Para los denunciantes, esa inacción también pesa. Tomaron los reclamos y los guardaron en un cajón, o los habrán tirado a la basura; en ambos casos, hicieron exactamente no lo que no debían: ignorar el reclamo de quienes pidieron a gritos respuestas.

Pero, honestamente, no hay nadie que pueda sorprenderse con lo que está ocurriendo. Voytenco tiene un extenso listado de denuncias y acusaciones casi calcadas de este caso, lo que evidencian que no se trata de errores involuntarios sino de un esquema craneado por él o los suyos para llenarse los bolsillos. Existe una causa en la Justicia Federal donde se lo acusa de incumplir el artículo 303, ligado a posibles vínculos económicos.

En este caso, se trata de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionadas con el manejo de fondos de la obra social OSPRERA. Incluso, la Cámara Federa ordenó mantener o restablecer medidas como intervenir la obra social e inhibir patrimonios, pero todo quedó casi en la nada.

Asimismo, hubo denuncias internas dentro del sindicato por desvío de fondos, contrataciones irregulares y compra de bienes con la caja de la obra social. También se apuntó a la conducción y manejo financiero del gremio, lo que motivó varios pedidos de intervención estatal.

En otros ámbitos se lo vinculó a conflictos por incumplimientos relaciones a las prestaciones médicas de la obra social. ¿Condenas firmes? Ninguna, pero eso no quita que las sospechas y denuncias estén, al igual que el caso que se trajo inicialmente en este artículo. Es por ello que también resulta desesperante la situación porque, de alguna forma, parece que Voytenco siempre puede salirse con la suya, y volver a cometer los mismos actos una y otra vez. ¿Tendrá a la Justicia comprada o, cuanto poco, sometida políticamente?

En tanto, lo último que se supo de la disputa de OSPREPA Y su obra social, judicialmente hablando, es que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, revocó una resolución que había permitido la restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la Republica Argentina (OSPRERA) y el levantamiento de embargos sobre sus bienes.

El fallo, concebido por mayoría de votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico (a lo que el magistrado Eduardo Farah se opuso), apunta al patrimonio de la cabeza de UATRE y a la posibilidad de que se haya montado con recursos de la obra social. La Cámara analizó el patrimonio y consideró que no se puede justificar y, por ello, no elimina la sospecha de que se trate de un caso de enriquecimiento ilícito.