El gobierno del presidente Javier Milei oficializó el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al ordenar la cesación de los servicios de control de calidad y seguridad que el organismo prestaba en 1.004 áreas del sistema productivo.

La medida implica que tareas de observación, inspección, examen y registro que durante décadas estuvieron bajo supervisión estatal pasan ahora a manos de las propias empresas. El cambio alcanza sectores sensibles como alimentos, calidad del agua, materiales de construcción, transporte, energía, salud, electrónica y telecomunicaciones.

En la práctica, dejarán de realizarse análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos en productos alimenticios, incluyendo la detección de patógenos como salmonella y escherichia coli.

Tampoco se controlará el impacto de envases en alimentos ni la calidad del agua o los efluentes industriales. En construcción, la seguridad de los materiales quedará librada al criterio de quienes los producen.

La resolución fija la entrada en vigencia inmediata, aunque aclara que los convenios y trabajos en curso se completarán. También establece una transición hacia el cierre de servicios y la preservación de registros históricos del organismo, con 69 años de trayectoria.

Desde el Gobierno justificaron la decisión en la supuesta evolución tecnológica del sector privado y en la necesidad de evitar “distorsiones” del mercado. En la misma línea, el ministro Federico Sturzenegger celebró la medida y sostuvo que el INTI “ofrecía servicios a un precio muy bajo”, financiados por el contribuyente.

El desmantelamiento había sido anticipado y quedó formalizado mediante la Resolución 42/2026, firmada por las autoridades del organismo.