A horas del debate en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei suma cuestionamientos por su solidez legal y por el impacto ambiental que podría generar.
Desde la oposición advierten que el proyecto, que ya cuenta con dictamen de mayoría, avanza sin instancias de participación ciudadana y con cambios que afectan el esquema vigente de protección.
El diputado Diego Giuliano fue uno de los más críticos. Señaló que la iniciativa se está tratando “totalmente de espaldas a la opinión de la sociedad” y planteó que el texto presenta debilidades desde el punto de vista constitucional.
Según explicó, la reforma apunta a “bajar los pisos de protección de los glaciares”, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, en un contexto de retroceso de las masas de hielo. También apuntó al trasfondo económico de la medida: “¿Y por qué quieren hacer minería en el glaciar? Porque para hacer la minería de fracking que hacen algunas empresas internacionales, multinacionales en realidad, necesitan agua”.
Para Giuliano, el cambio implica redefinir el rol del recurso hídrico, que pasaría de ser un bien protegido a un insumo para la industria minera. Además, remarcó que la reforma podría chocar con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la potestad del Estado para fijar presupuestos mínimos ambientales.
“El problema es que quieren que cada provincia defina con criterios distintos qué glaciares se protegen y cuáles no”, sostuvo. Esa fragmentación, agregó, impacta sobre sistemas hídricos que atraviesan varias jurisdicciones.
Finalmente, advirtió que la iniciativa podría generar inseguridad jurídica y desalentar inversiones: “No va a haber una empresa que pueda hacer un proyecto minero en un glaciar porque el equipo jurídico le va a decir: ‘Mire, esto se da vuelta’”. Según planteó, la ley podría terminar judicializada si se aprueba en estos términos.