Un documento sobre la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense sostiene que el deterioro del sistema responde a decisiones políticas sostenidas en el tiempo y no a hechos aislados. El texto advierte que el esquema actual funciona al límite, con salarios que pierden frente a la inflación y sin planificación adecuada de personal.

Según el planteo, la estructura se apoya en la sobrecarga del trabajador penitenciario, con jornadas extendidas, recargos frecuentes y escaso descanso. En ese contexto, se señala que la operatividad se exige aun sin condiciones mínimas, trasladando los costos del sistema directamente al personal.

El informe menciona responsabilidades en distintos niveles de conducción. Apunta al ministro Juan Martín Mena en la definición política, a Xavier Areses en la ejecución y a José Gervasio González Hueso en la articulación de decisiones, además del rol del subjefe Cáceres dentro de la estructura.

En la práctica, el documento describe un esquema donde se incrementa la carga laboral sin recomposición salarial real y se naturalizan los recargos como norma. También señala que las sanciones se aplican con rapidez sobre el personal, mientras que los problemas estructurales no reciben el mismo tratamiento.

El eje del reclamo no se limita a lo salarial, sino que apunta a un plano institucional. El texto sostiene que existe decisión sin exposición pública y advierte que la falta de condiciones dignas puede configurar omisión de funciones, con posibles responsabilidades contempladas en los artículos 248 y 249 del Código Penal y en la Ley 26.944.