El Gobierno nacional decidió expulsar al principal representante diplomático de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, al declararlo “persona no grata” y otorgarle un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional. La medida fue formalizada por el canciller Pablo Quirno, quien apeló al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La decisión se produce luego de que Irán cuestionara duramente la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el listado argentino de organizaciones terroristas, una resolución que el Ejecutivo presentó como parte de su política de seguridad y alineamiento internacional. Sin embargo, la rápida escalada diplomática abre interrogantes sobre el costo político y estratégico de este tipo de definiciones en un escenario global ya tensionado.

Desde la Casa Rosada argumentaron que la medida responde a investigaciones judiciales y de inteligencia que vinculan al régimen iraní con los atentados ocurridos en el país en la década de 1990. No obstante, el endurecimiento del vínculo bilateral se da en un contexto en el que el gobierno del presidente Javier Milei ha profundizado su acercamiento a Estados Unidos e Israel, una orientación que genera críticas por su posible impacto en la autonomía de la política exterior argentina.

La expulsión del diplomático implica, en los hechos, la ruptura del principal canal institucional entre ambos países, lo que podría derivar en nuevas represalias o en un deterioro mayor de las relaciones. Desde Irán, la respuesta no tardó en llegar: calificaron la decisión como “ilegal” y advirtieron que se trata de un “error estratégico”, además de acusar al gobierno argentino de actuar bajo influencia de potencias extranjeras.

Sin duda, la medida del Ejecutivo no solo profundiza el conflicto con Irán, sino que también reaviva el debate interno sobre el rumbo de la política exterior y los riesgos de adoptar posiciones de alto impacto sin consensos amplios ni previsión de sus consecuencias diplomáticas.