El Gobierno nacional avanza en una reforma parcial del Código Penal bajo la órbita del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que introduce modificaciones en materia de delitos económicos y de corrupción.

Según el borrador en análisis, se prevé una reducción de penas para funcionarios condenados por hechos de corrupción y se descarta la posibilidad de declarar estos delitos como imprescriptibles, una medida que había sido evaluada en instancias previas del proyecto. En paralelo, la iniciativa propone elevar el umbral mínimo para investigar el lavado de dinero a 5.000 millones de pesos, muy por encima del límite actual, fijado en torno a los 52 millones.

De concretarse, este cambio implicaría que operaciones por debajo de ese monto queden fuera del alcance penal, lo que podría impactar en investigaciones en curso vinculadas a delitos financieros. Una iniciativa que viene generando polémica dada la comprometida situación política y judicial que atraviesa a una figura clave del Gobierno, Manuel Adorni, sospechado de enriquecimiento ilícito.

La reformulación del proyecto también deja de lado el esquema integral de modificación del Código Penal elaborado por una comisión de juristas y revisado en etapas anteriores, para avanzar en ajustes puntuales. En ese marco, se eliminaron o modificaron capítulos sensibles del texto original, incluidos aspectos vinculados a delitos de lesa humanidad y protección ambiental.

El rediseño de la iniciativa fue trabajado en las últimas semanas en la Quinta de Olivos, con participación del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y forma parte de una redefinición de la agenda legislativa en materia penal.

En paralelo a estos cambios, el proyecto mantiene otros ejes, como la incorporación de nuevas figuras delictivas -entre ellas estafas piramidales, modalidades de robo urbano y delitos migratorios- y un refuerzo del rol de las víctimas dentro del proceso penal.

Las modificaciones vinculadas a corrupción y lavado de dinero concentran el foco del debate público y de cuestionamientos en redes sociales, donde se advierte que los cambios podrían reducir el alcance de la persecución penal sobre delitos económicos complejos y modificar los criterios vigentes para su investigación.