La postal del “ordenamiento económico” que pregona el gobierno de Javier Milei empieza a mostrar su reverso más crudo: mientras al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le encuentran cada vez más propiedades, los argentinos de a pie enfrentan un mercado de alquileres asfixiante, salarios en retroceso y la necesidad de endeudarse, literalmente, para no quedar en la calle.

Según el último relevamiento de Inquilinos Agrupados, el 70 por ciento de quienes alquilan arrastra deudas en un contexto donde sostener el techo propio dejó de ser un derecho para convertirse en una hazaña cotidiana.

El contraste no podría ser más elocuente. Mientras desde la Casa Rosada se celebran indicadores macro y se insiste con la narrativa de la “inflación en retirada”, en la vida real los números no cierran. Mucho menos para quienes deben afrontar contratos con aumentos cada tres o cuatro meses, expensas que rozan niveles exorbitantes y requisitos de ingreso cada vez más restrictivos. Eso sí: para algunos funcionarios, como el “bobocero” devenido en figura política Alhorni, la acumulación de propiedades parece fluir con una facilidad digna de otro país.

La supuesta “liberación” del mercado tras el DNU 70/2023 —una de las banderas del oficialismo— lejos de ordenar la situación, profundizó la incertidumbre. Si bien la oferta de alquileres muestra cierta recomposición, los costos de acceso y permanencia se dispararon. Depósitos, garantías, comisiones y expensas conforman una barrera de entrada cada vez más alta. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las expensas ya promedian los 250 mil pesos mensuales, mientras que en la provincia se ubican entre 180 mil y 250 mil.

Pero el problema de fondo no es solo el precio del alquiler. Es, sobre todo, la caída del poder adquisitivo. Por primera vez, el salario y el empleo superan a la vivienda como principal preocupación entre los inquilinos. Un dato que sintetiza el deterioro general: ya no alcanza con discutir cuánto cuesta alquilar, sino si directamente se puede pagar.

Las cifras son elocuentes. Apenas un tercio de los inquilinos destina menos del 30% de sus ingresos al alquiler. Otro tercio compromete la mitad de su salario. Y el segmento más golpeado —cada vez más amplio— debe destinar entre el 60 y el 100 por ciento de sus ingresos solo para sostener el techo. En ese escenario, cualquier recomposición salarial queda rápidamente licuada por ajustes contractuales permanentes.

Desde Inquilinos Agrupados advierten lo que el Gobierno parece no querer escuchar: pisar las paritarias en un contexto de aumentos trimestrales en los alquileres tiene consecuencias devastadoras. La frase que circula entre los propios inquilinos resume la paradoja libertaria: “no hay inflación, pero todo aumenta”.

El impacto no se limita a números en una planilla. Tiene consecuencias concretas y cada vez más visibles. El 17,2 por ciento de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler, en un fenómeno que ya se define como “desalojo económico”. Provincias como Neuquén, Córdoba y Buenos Aires muestran los niveles más altos de este desplazamiento silencioso, donde la expulsión no llega con una orden judicial, sino con una factura imposible de pagar.

En paralelo, el mercado laboral ofrece pocas respuestas. El 46 por ciento de los inquilinos tiene más de un empleo, el 30 por ciento sumó nuevas actividades y el 14 perdió algún trabajo. El pluriempleo, lejos de ser una opción de progreso, se transformó en una estrategia de supervivencia que ni siquiera garantiza llegar a fin de mes.

El endeudamiento completa el cuadro. Más del 70 por ciento de los inquilinos tiene deudas activas. No se trata de créditos para invertir o crecer, sino para subsistir: más de la mitad pidió dinero para comprar alimentos y casi el 40 por ciento para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito, en este contexto, funcionan como una extensión del salario que nunca alcanza.

El ajuste también se siente en la mesa. El 65 por ciento de los inquilinos redujo su consumo de alimentos y cerca de un tercio come apenas una o dos veces por día. Entre los jubilados, la situación es aún más alarmante: más del 40 por ciento tiene una alimentación insuficiente y la enorme mayoría destina una porción desproporcionada de sus haberes al alquiler.

Lejos de la épica del “sacrificio necesario” que impulsa el oficialismo, lo que emerge es una sociedad cada vez más precarizada, donde el acceso a la vivienda deja de ser un horizonte posible, incluso para quienes trabajan. El crecimiento de la llamada “segunda generación inquilina” —personas que, a diferencia de sus padres, nunca acceden a la propiedad— confirma una ruptura estructural en el modelo argentino.

En este contexto, la ausencia de políticas públicas específicas no es un detalle menor: es el núcleo del problema. La eliminación de regulaciones sin una alternativa que proteja a los sectores más vulnerables dejó el terreno liberado para una dinámica que profundiza la desigualdad. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el mercado se autorregula, aunque la evidencia cotidiana demuestre lo contrario.

La crisis habitacional ya no es una advertencia: es una realidad instalada. Y mientras algunos funcionarios multiplican propiedades, millones de argentinos hacen cuentas imposibles para no terminar como el Chavo del Ocho: viviendo en un barril.