Mientras el Gobierno insiste en mostrar una supuesta desaceleración inflacionaria, la realidad en las góndolas vuelve a golpear con fuerza el bolsillo de los argentinos. Tras el aumento en los combustibles —directamente vinculado a la escalada internacional que el propio oficialismo avala desde lo discursivo— supermercados y mayoristas comenzaron a recibir nuevas listas con remarcaciones que llegan hasta el 9 por ciento.

Desde el sector intentan relativizar el impacto inmediato del conflicto en Medio Oriente, pero lo cierto es que la dinámica de precios vuelve a quedar liberada a la lógica de los formadores, en un contexto donde el Estado parece haber decidido correrse por completo. Según admiten los propios empresarios, muchos proveedores aprovecharon para aplicar subas que venían postergando desde hace meses, lo que deja al descubierto una economía sin anclas claras y con precios que se recalientan ante la menor excusa.

Los incrementos, que oscilan entre el 2 y el 9 por ciento según el producto, comenzarán a reflejarse de manera escalonada entre marzo y abril. Sin embargo, lejos de tratarse de un ajuste puntual, todo indica que se trata apenas de la antesala de nuevos aumentos, en un escenario atravesado por la volatilidad internacional y la falta de herramientas internas para contenerla.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) fueron más directos: el encarecimiento logístico tras la suba del combustible ya impacta de lleno en los precios. Productos básicos como lácteos, yerba mate, artículos de limpieza y bebidas empiezan a mostrar aumentos que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los ingresos.

El dato no es menor: el precio de la nafta trepó un 10 por ciento en apenas una semana, trasladando presión a toda la cadena de comercialización. En un país donde el costo del transporte tiene un peso determinante, cualquier variación en ese rubro termina repercutiendo de forma directa en el consumo masivo.

En ese contexto, la Confederación General Almacenera salió a marcar distancia de los proveedores y denunció aumentos “exagerados y abusivos”, dejando en evidencia el clima de tensión dentro del propio circuito comercial. Incluso recomendaron a los comercios sustituir productos por marcas más económicas, en una señal clara del deterioro del poder adquisitivo.

Los números oficiales tampoco logran disipar la preocupación. Según el INDEC, la inflación de febrero fue del 2,9 por ciento, con un acumulado del 5,9 en el primer bimestre. Sin embargo, las mediciones privadas ya anticipan que marzo podría repetir ese nivel, con los alimentos nuevamente como protagonistas.

Un relevamiento de la consultora EcoGo —dirigida por Marina Dal Poggetto— señala que los precios de los alimentos aumentaron un 0,7 por ciento solo en la segunda semana de marzo, acumulando un 1,9 en lo que va del mes. Con ese ritmo, la inflación alimentaria rondaría el 2,1 por ciento, manteniendo una presión constante sobre la canasta básica.

El problema de fondo es que, más allá de los porcentajes, el consumo sigue en caída libre. Con salarios que corren muy por detrás de los precios y sin políticas activas para recomponer ingresos, cada aumento —por pequeño que parezca en términos estadísticos— se siente como un golpe directo al bolsillo.

En ese marco, la estrategia económica del gobierno de Javier Milei empieza a mostrar sus límites: desregulación, apertura y ajuste como únicas respuestas frente a un contexto internacional adverso. El resultado es una economía cada vez más expuesta, donde cualquier sacudón externo se traduce en remarcaciones internas y pérdida de poder adquisitivo.

Así, mientras el oficialismo celebra indicadores macro, en la vida cotidiana se impone otra realidad: la de una inflación que no da tregua y unos bolsillos que, lejos de estabilizarse, están cada vez más cerca del estallido.