La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei volvió a recibir un fuerte revés en los tribunales. Esta vez fue el Tribunal de Trabajo numero 3 de La Plata el que declaró inconstitucional el artículo 55 de la polémica ley 27.802, al considerar que la fórmula que establece para calcular indemnizaciones en juicios laborales resulta perjudicial para los trabajadores y contradice garantías constitucionales básicas.

Según resolvieron los magistrados, el mecanismo de actualización previsto por la norma oficialista no contempla adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación y termina licuando el valor real de las indemnizaciones. Para el tribunal, aplicar esa fórmula implicaría ir directamente contra lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que protege los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo.

El fallo representa el segundo golpe judicial consecutivo contra la denominada “modernización laboral” que promovió el oficialismo. El primero había llegado desde Córdoba, donde el camarista Ricardo Giletta también declaró la inconstitucionalidad del mismo artículo por considerar que viola el principio de igualdad ante la ley para los trabajadores que iniciaron demandas laborales antes de la entrada en vigencia de la reforma.

La trampa de la retroactividad

El núcleo del conflicto está en la intención del Gobierno de aplicar el nuevo cálculo indemnizatorio de manera retroactiva. Es decir, utilizar la fórmula de la nueva ley incluso en juicios laborales que ya estaban en trámite antes de su sanción.

El artículo 55 establece que las nuevas tasas de actualización deben aplicarse “en los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva”, lo que en la práctica modifica las reglas de juego para miles de trabajadores que iniciaron sus demandas bajo otra legislación.

El nuevo esquema fija una tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina que nunca puede ser inferior al 67 por ciento de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor, más un tres por ciento anual. En los hechos, ese cálculo genera compensaciones mucho más bajas que las que se venían aplicando en la Justicia laboral.

Indemnizaciones licuadas

Para el tribunal platense, ese criterio implica una clara pérdida del valor real de las indemnizaciones y termina trasladando al trabajador el costo de la inflación, algo que los jueces consideraron jurídicamente inadmisible.

El fallo sostiene que el deterioro inflacionario debe ser afrontado por el empleador y no por el trabajador despedido. En ese sentido, advierte que aplicar índices insuficientes para actualizar los créditos laborales significa licuar las compensaciones que corresponden por ley.

Además, los magistrados cuestionaron el argumento de igualdad utilizado por la normativa oficial. Según explicaron, no se puede equiparar a quienes iniciaron sus juicios bajo un marco legal determinado con quienes lo harán bajo la nueva legislación.

Un caso concreto que desnudó el problema

La sentencia surgió a partir de la demanda presentada por un trabajador que se consideró despedido luego de sufrir falta de tareas, incumplimientos salariales y ausencia de registración laboral. Es decir, trabajaba en negro.

Ante la falta de respuesta de los empleadores durante el proceso judicial, el tribunal los condenó a pagar 12,8 millones de pesos en concepto de indemnización, que deberán abonarse en un plazo de diez días.

El caso dejó al descubierto uno de los puntos más cuestionados de la reforma impulsada por el Gobierno: el intento de reducir el costo de las indemnizaciones laborales mediante fórmulas que, según advierten especialistas y ahora también los tribunales, terminan recortando derechos históricos del trabajo.

Con dos fallos adversos en apenas días, la llamada “modernización laboral” de Milei empieza a tambalear en los tribunales. Y mientras el Gobierno insiste en venderla como una herramienta para generar empleo, la Justicia ya empezó a señalar que detrás del discurso de la eficiencia se esconde un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.