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Polémica en la industria gamer

Sony enfrenta una demanda millonaria por los precios de los juegos en la tienda digital de PlayStation

Una acción colectiva presentada en Reino Unido acusa a Sony de haber inflado durante más de una década el precio de los videojuegos digitales en PlayStation Store, afectando potencialmente a millones de jugadores.
Una acción colectiva presentada en Reino Unido acusa a Sony de haber inflado durante más de una década el precio de los videojuegos digitales en PlayStation Store, afectando potencialmente a millones de jugadores.

El modelo de compra digital que durante años se presentó como el futuro de los videojuegos enfrenta ahora un fuerte desafío judicial. En Reino Unido, una demanda colectiva acusa a Sony de haber inflado los precios de los juegos vendidos en su tienda digital, la PlayStation Store, trasladando a los consumidores comisiones que la compañía cobra a los desarrolladores.

El caso, que comenzó en 2022, podría afectar a millones de jugadores que adquirieron contenidos en la plataforma durante más de una década.

La acción fue impulsada por el defensor de consumidores Alex Neill, quien sostiene que la empresa aprovechó su control sobre el ecosistema de PlayStation para mantener precios artificialmente altos.

Según la acusación, los desarrolladores deben pagar una comisión de hasta el 30 % para vender sus juegos en la tienda digital, costo que habría sido trasladado directamente a los usuarios finales. Si el tribunal falla a favor de los demandantes, cada jugador afectado podría recibir una compensación estimada de unas 162 libras.

La demanda tiene un alcance masivo porque se trata de una acción colectiva con inclusión automática. Esto significa que cualquier persona que haya comprado juegos o contenido digital en la tienda de PlayStation en Reino Unido durante los últimos diez años forma parte del proceso sin necesidad de inscribirse.

Se calcula que hasta 12,2 millones de jugadores podrían estar involucrados, lo que elevaría el monto total de la reclamación a cerca de 2.000 millones de libras, una cifra sin precedentes en la industria del videojuego.

El caso se analiza ante el Competition Appeal Tribunal, que deberá determinar si la compañía abusó de su posición dominante al impedir que los juegos digitales se vendan fuera de su propia plataforma.

El resultado podría sentar un precedente global, ya que el modelo de tiendas cerradas también es utilizado por otras empresas tecnológicas. Si el tribunal concluye que hubo prácticas monopólicas, el impacto podría obligar a replantear el funcionamiento de las tiendas digitales de videojuegos en todo el mundo.

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