El proceso judicial que tiene como principales imputados a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner todavía no tiene fecha de inicio, pese a que ambos deberán responder ante la Justicia por presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y recepción de dádivas.

Ante esta situación, el fiscal general Diego Velasco solicitó al Tribunal Oral Federal 5 que avance con mayor rapidez hacia la realización del debate oral y público.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la causa posee una fuerte trascendencia pública y que existe un claro interés ciudadano en que los hechos investigados sean esclarecidos. En ese sentido, reclamó que se defina con premura la situación procesal de los acusados y que se establezca una fecha concreta para el inicio del juicio.

El expediente se centra en las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, que según la acusación habrían sido utilizadas para canalizar maniobras de lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, el esquema habría permitido mover alrededor de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015 mediante contratos de alquiler presuntamente simulados en el sector hotelero e inmobiliario.

La causa también involucra al empresario Lázaro Báez, señalado como una pieza clave en el supuesto circuito financiero. Según la acusación, el contratista del Estado habría alquilado propiedades de la inmobiliaria Los Sauces y administrado los hoteles vinculados a Hotesur, lo que para los investigadores formaría parte de un mecanismo para devolver parte del dinero proveniente de obras públicas adjudicadas durante los gobiernos kirchneristas.

El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, espera actualmente la finalización de una pericia contable sobre la firma Los Sauces. Ese informe se retrasó debido a problemas con la documentación, cambios de peritos y pedidos de información que aún no fueron respondidos.

Sin embargo, el fiscal Velasco consideró que ese estudio pendiente no debería impedir el inicio del juicio. En su planteo sostuvo que el debate oral podría comenzar igualmente mientras las últimas medidas de prueba avanzan hacia su finalización.

El representante del Ministerio Público también cuestionó una resolución firmada de manera individual por el presidente del tribunal, José Michilini, al considerar que la decisión debería haber sido adoptada por los tres magistrados que integran el tribunal.

Por ese motivo, Velasco pidió que se revoque esa resolución y que el tribunal establezca cuanto antes la fecha de inicio del juicio oral, recordando que en otros procesos judiciales se fijaron fechas de debate aun cuando algunas pruebas todavía se encontraban en etapa final de elaboración.