Por orden del juez Santiago Inchausti, peritos y departamentos científicos de la Policía Federal Argentina avanzaron con análisis vinculados a los olores de las harineras de pescado, el ambiente portuario y el impacto sobre el agua y la costa. Entre agosto y octubre de 2025, la División Delitos Ambientales tomó muestras de agua en Escollera Sur, el epicentro del Puerto y la Base Naval, en el marco de la investigación.
En paralelo, se incorporaron informes de monitoreo de emanaciones gaseosas de chimeneas, con mediciones de compuestos como sulfuro de hidrógeno, amoníaco y aminas, y la Justicia ordenó un análisis interpretativo especial sobre la trimetilamina, TMA, el compuesto asociado a la producción de harina de pescado y señalado como un marcador sensible del estado ambiental por su relación con el olor nauseabundo.
El eje técnico de la causa apunta a que el problema excede lo “olfativo”. El informe detalla que el mayor riesgo no sería solo la TMA aislada, sino su capacidad de reaccionar con otros gases del proceso industrial. Si entra en contacto con óxidos de nitrógeno, NOx, podría transformarse en nitrosodimetilamina, NDMA, una nitrosamina señalada como probable carcinógeno humano y con potencial toxicidad hepática. También se mencionan derivados como dimetilamina, DMA y monometilamina, MMA, que pueden actuar como precursores de nitrosaminas.
Otro punto relevante del expediente describe la interacción con ozono, utilizado en algunas plantas para oxidar aminas y “neutralizar” olor. Según el planteo técnico, en presencia de agentes oxidantes y nitrantes el riesgo sería la generación de compuestos más peligrosos que pueden transportarse por aire y depositarse en agua y suelo costero.
El expediente pone énfasis en que altos niveles de TMA podrían indicar procesamiento de pescado en avanzado estado de descomposición, lo que multiplica la carga contaminante. Además, se advierte sobre un posible efecto sinérgico al mezclarse con otros contaminantes del puerto, incrementando el riesgo ambiental y sanitario.
En el marco de la causa, el investigador Roberto V. Maturana sostuvo que aún faltarían medidas clave, como estudios con biomarcadores en costas para evaluar impacto y mitigación, además de aclarar el rol de barros y el funcionamiento de empresas sin habilitaciones ambientales o autorización para uso de acuífero. Planteó que, ante el cuadro descripto, debería aplicarse el principio precautorio de la Ley General del Ambiente.
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