Desde que el Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei asumió y decidió pasar la motosierra por organismos del Estado sin siquiera pararse a pensar dos minutos en las consecuencias de desguazar los mecanismos de control, hay sectores de la producción que se han visto sumergidos en una crisis alarmante.

Tal es el caso de la industria yerbatera, que produce el insumo utilizado para preparar la infusión más icónica, famosa, popular y consumida del país, y que sin embargo, se ha vuelto un negocio inviable económicamente.

¿Cómo es posible que siendo que el mate es sinónimo de argentinidad, en nuestro país no sea redituable producir yerba? La respuesta se la debemos, como no podía ser de otra forma, al cipayo entreguista y empobrecedor de Javier Milei.

Los problemas comenzaron cuando el “Presiduende” le pasó la motosierra al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el organismo encargo de regular la actividad y de mediar entre los productores, trabajadores, distribuidores, elaboradores y demás eslabones del sector, asegurando que todas las partes pudieran desarrollar sus tareas de forma rentable.

La gestión de Milei suprimió las funciones esenciales del INYM les dio libre albedrío y dejó de mediar, dando pie a que los grandes gigantes de la industria, en particular los molineros, pasen por arriba a los productores y jornaleros, pagándoles precios irrisorios por la materia prima, mientras que, en las góndolas, el producto terminado no refleja ni de lejos esa baja. Esto a su vez se lleva puesto el salario de los trabajadores rurales de la actividad, que no solo cobran miserias, sino que ven cada vez más amenazada su fuente laboral.

Al mismo tiempo, la gestión libertaria impulsó el ingreso de yerba de los países limítrofes, generando todavía más problemas dentro de la cadena productiva por la aparición de marcas foráneas en el mercado interno, que hacen reducir el consumo de las firmas nacionales, y por consecuente, una caída en la elaboración de esta.

Si bien con esta situación el sector ya se encontraba en crisis y las asociaciones de productores afectabas denunciaban que el Gobierno de Milei era lo peor que les había pasado, lejos de rectificar el rumbo, el “Presiduende” siguió adelante con las medidas destructivas que apuntan a desmantelar la producción.

Para entender las quejas de los productores, hay que tomar en cuenta que la hoja verde se vende entre los 230 y 300 pesos por kilo y los compradores pagan con plazos de 60 a 90 días o en hasta 12 cuotas sin interés. A comparación, en diciembre de 2023 tenía un valor de 505 pesos el kilo de hoja verde, lo que implica una enorme reducción en el precio pagado por los molineros a los productores, incluso sin tener en cuenta los aumentos de inflación y el encarecimiento del costo de vida desde aquel período hasta la actualidad.

Con semejante panorama, en el primer trimestre del 2025 la producción yerbatera se derrumbó un 30 por ciento, registrando mínimos históricos.

Echándole nafta al fuego

Como si esto no fuera ya suficiente para encender las alarmas, mediante la Resolución 42/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó una normativa que sólo permitía a cada productor inscripto en el Registro de Operadores del Sector Yerbatero plantar por año hasta cinco hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate.

Esta medida evitaba que la monopolización y la concentración excesiva de cultivos en manos de unos pocos productores, generando la competencia interna y permitiendo una mayor cantidad de actores dedicados a la actividad.

La derogación de esta normativa no es casual, ya que si se lee entre líneas, se puede apreciar que el Gobierno está favoreciendo cada vez más la creación de monopolios y la desaparición del pequeño productor.

En este sentido, hay que destacar que en las provincias de mayor producción yerbatera, Corrientes y Misiones, la cosecha se derrumbó estrepitosamente, al punto de que muchos cultivadores optaron por no levantarla y dejar que las hojas se pudran en el campo, denunciando la “inviabilidad económica del negocio, ya que no se cubren los costos básicos”.

Esto implica que, a la larga, los pequeños productores se verán obligados a dejar la actividad debido a la falta de rédito económico, y vender sus tierras a los gigantes de la industria, lo que inevitablemente llevará a una monopolización en el sector.

El desastre se puede percibir en los números: de acuerdo con datos de INYM, en 2024 se comercializaron 238.042.303 kilos de yerba, lo que representa una brutal disminución de casi 25 millones de kilos en comparación con el 2023 y se ubica en el nivel más bajo desde 2016.