Si alguien conservaba aun la ingenua ilusión de que el Presidente Javier Milei fuera a cumplir con la parte de su discurso en la que prometió que el ajuste fiscal sería pagado por “la casta” y “los empresaurios”, y que en cambio la sociedad sería beneficiada por una baja impositiva, malas noticias: hasta ahora, el Gobierno de “Jamoncito” viene haciendo todo lo contrario, y este miércoles se regodeó de anunciar el fin del FONCAP, una herramienta que asistía a microemprendedores.

Así, por un lado, a los grandes empresarios le da rienda suelta para que hagan lo que quieran y reduce los controles impositivos para los sectores más concentrados de la economía, les perdona sus pecados a los evasores y chorros con un blanqueo obsceno, y a los grandes magnates les permite que se den sus lujos sin pagar impuesto a los bienes, a la sociedad que se encuentra de mitad de tabla para abajo solo le toca ajuste, motosierra y licuadora.

Bien sabidos son los efectos que han tenido las medidas de Milei en los ingresos de la población y por lo tanto, en el consumo. Ahora, como para terminar de clavar en clavo en el ataúd a la actividad económica, con la eliminación del FONCAP (Fondo Fiduciario de Capital Social), dejó desamparados a unos 70 mil emprendedores, que dependían de esta herramienta.

La decisión del cierre de esa herramienta creada en 1997 fue celebrada por la administración de La Libertad Avanza (LLA) a través de un comunicado en el que malintencionadamente volvió a apuntar a los supuestos gastos administrativos y salarios que demandaba la puesta en marcha de ese programa.

El FONCAP funcionó durante todos estos años como una herramienta que democratizó el acceso al crédito a sectores de bajos recursos que no tenían cómo financiar un emprendimiento, debido a su imposibilidad para acceder a préstamos del sistema bancario formal.

Su puesta en marcha se extendió a todo el país no sólo con la asistencia económica a personas y organizaciones sociales, sino también con programas de formación y capacitación de empleos tras los cuales miles de beneficiarios pudieron acceder a la compra de herramientas de trabajo.

Se estima que el programa de microfinanzas asistía en la actualidad a alrededor de 70 mil emprendedores, que luego tenían la obligación de devolver el crédito recibido.

Cada crédito se ajustó a la realidad de cada emprendedor. Era de fácil acceso, se otorgaba en forma escalonada y con plazos cortos de devolución, y a través de trámites y requisitos mínimos y sin la necesidad de garantías tradicionales.

Fue creado para promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos y microempresas, sin embargo, para el gobierno de Javier Milei, esta posibilidad de salida y de creación de empleo propio dejó de ser una prioridad.

El decreto 985/2024 que elimina el FONCAP alude a una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en la que detectó presuntas “debilidades en los procesos de rendición de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera”. También “ausencia de monitoreo y control”, y “atrasos” en los estados contables.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía afirmó que “a lo largo de casi 3 décadas de existencia, (el FONCAP) estuvo lejos de lograr los resultados buscados y evidenció, sobre todo en los últimos años, una pésima administración de los recursos públicos a su cargo”.

En su intento por desacreditar la iniciativa, se refirió a “falencias” de administración, “ausencia de un esquema de promoción al financiamiento de minipymes” e “incumplimiento” de inversiones.

Además, aseguró que la existencia del fondo le generaba al Estado un gasto de 100 millones de pesos mensuales y adujo que se dinero “en mantener los gastos de administración y no en cumplir con el objetivo noble por que cual fue constituido”, añadió.

Lejos de corregir esas supuestas “falencias”, el Gobierno decidió cerrarlo y dejar a la deriva a los emprendedores que recibían esa ayuda. Además, acusó al programa de tener “un esquema de administración híper dimensionado, con sobre ejecución de gastos, deficiencias o discrecionalidad en los créditos otorgados, falta de gestión en los recuperos de los créditos y en el debido cuidado del capital de la sociedad”.