El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, cambió repentinamente su política con respecto a la operatividad de criptoactivos a través de entidades financieras, sin ninguna explicación, y en pocas horas se cambió otra vez el marco normativo que estuvo vigente en 2021.

Las entidades financieras no podrán realizar operaciones con criptomonedas, ni tampoco facilitar operaciones para sus clientes a través de fondos u otros canales. Además, queda terminantemente prohibido el ofrecimiento de cualquier tipo de rendimiento que esté sujeto a variaciones de monedas digitales, o activos derivados que no se encuentren autorizados y regulados por el Banco Central.

Muchas de estas operaciones ya habían sido lanzadas por el Grupo Financiero Galicia y el Brubank al inicio de la semana, pero el abrupto cambio de las reglas de juego abortó completamente todos los programas ofrecidos a sus clientes en materia de criptomonedas.

Además, la autoridad monetaria desalentó el uso de cualquier tipo de moneda digital, así como cualquier tipo de instrumento que no esté estrictamente regulado y autorizado por la propia entidad.

El organismo dirigido por Pesce anunció que se busca “mitigar los riesgos asociados con operaciones en activos digitales”, así como su eventual efecto contagio sobre el mercado financiero. Sin embargo, lo cierto es que el Banco Central solamente amplifica un mecanismo más para la represión financiera.

La represión financiera busca contener todo canal de escape a la demanda de pesos o instrumentos en pesos, como una herramienta arcaica y forzosa para contener el nivel de precios y la inflación.

El cepo cambiario y el desdoblamiento del mercado de cambios, el control cuantitativo del comercio exterior, la regulación de la cuenta capital y financiera y la prohibición de operaciones con monedas digitales, son ejemplos de la represión financiera que lleva adelante el Gobierno.

En este sentido, la brecha cambiaria es una medida para el nivel de distorsión provocada por la represión financiera, y esta semana osciló entre el 75 y 80 por ciento.

El Banco Central detectó una mayor cantidad de operaciones a través de dólares alternativos dentro del mercado regulado y legal, con el fin de operar con activos digitales a través de los bancos. Las nuevas regulaciones buscan estrangular este tipo de vías de escape legal, aunque supone más presión para el dólar en el mercado paralelo.