El gobierno de Javier Milei decidió expulsar de la Casa Rosada a corresponsales de medios críticos en una medida que fue rápidamente calificada como un acto de censura.

La decisión se amparó en una investigación endeble sobre un supuesto financiamiento ruso, sin pruebas concretas ni intervención judicial, lo que generó un fuerte repudio en el ámbito periodístico.

La disposición, presentada de forma engañosa como “preventiva”, se ejecutó sin previo aviso y de manera claramente selectiva. Periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, El Destape y A24 fueron directamente bloqueados en el ingreso, quedando excluidos de las conferencias de prensa.

Mientras tanto, otros medios mencionados en la misma investigación no fueron afectados, lo que dejó en evidencia un criterio discrecional y arbitrario.

La medida fue impulsada por el vocero presidencial Manuel Adorni junto a Javier Lanari, en un contexto de creciente incomodidad del oficialismo frente a cuestionamientos periodísticos.

Las exclusiones se produjeron poco después de preguntas sobre inconsistencias patrimoniales, viajes privados y denuncias de corrupción, lo que refuerza la sospecha de una represalia directa contra la prensa crítica.

El argumento oficial se sostiene en una investigación sin sustento firme de los medios openDemocracy y The Continent, cuyos propios autores admitieron no poder comprobar los supuestos pagos ni identificar responsables.

A pesar de esa debilidad, el Gobierno avanzó con una medida extrema que limita el acceso a la información pública. Diversos periodistas y referentes advirtieron que se trata de un precedente peligroso que atenta contra la libertad de prensa y consolida un clima de hostigamiento hacia quienes cuestionan al poder.