Las universidades públicas de todo el país comienzan este lunes una nueva semana de conflicto con el inicio de un paro nacional docente convocado por las federaciones gremiales CONADU y CONADU Histórica, que resolvieron una primera etapa de huelga entre el 16 y el 21 de marzo y otra entre el 23 y el 30.

La medida, que se desarrollará en dos tramos a lo largo de marzo, expone el creciente malestar en el sistema universitario frente al deterioro salarial y al recorte del financiamiento educativo impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El cese de actividades impactará en gran parte de las universidades nacionales, entre éstas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Rosario.

El trasfondo del reclamo es el derrumbe del poder adquisitivo de los docentes universitarios. Según estimaciones sindicales, los salarios perdieron más de un tercio de su valor real desde noviembre de 2023, producto de paritarias que quedaron muy por detrás de la inflación. En ese contexto, las organizaciones gremiales denuncian que el ajuste fiscal aplicado por la administración libertaria se está descargando de lleno sobre el sistema científico y universitario.

La situación es aún más tensa en la Universidad de Buenos Aires. Allí, los docentes agrupados en AGD-UBA votaron avanzar con un paro por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno cumpla con el incremento salarial previsto en la ley de financiamiento universitario. El gremio sostiene que la caída del ingreso docente ya alcanzó niveles históricos y advierte que el atraso salarial compromete seriamente la continuidad de la actividad académica.

Reclamo de cumplimiento

El conflicto tiene además un fuerte componente legislativo. En 2024 el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, una norma que buscaba garantizar la actualización del presupuesto de las universidades y recomponer los salarios docentes. Sin embargo, los sindicatos denuncian que el Ejecutivo nacional no está aplicando plenamente la ley ni garantizando los fondos necesarios para sostener el sistema.

Para las federaciones universitarias, la disputa ya excede lo salarial y se transformó en una pulseada política por el futuro de la universidad pública. En un contexto de recortes presupuestarios, paralización de programas científicos y fuerte deterioro del poder adquisitivo, los gremios advierten que el modelo de ajuste impulsado por la Casa Rosada amenaza con desfinanciar uno de los pilares históricos del sistema educativo nacional.