La irresponsabilidad del Poder Ejecutivo frente a la educación superior quedó expuesta una vez más: la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplias mayorías en el Congreso, sigue sin promulgarse ni publicarse en el Boletín Oficial.

Como respuesta, los gremios universitarios anunciaron paros y protestas para esta semana, aunque la falta de unidad refleja la fragmentación que el propio conflicto ha generado.

Los trabajadores no docentes, nucleados en FATUN, paralizarán las actividades el martes 21 con un paro nacional de 24 horas. Además, iniciarán acciones legales junto al Consejo Interuniversitario Nacional para forzar la aplicación de una ley que el oficialismo simplemente decide ignorar.

Del lado docente, la descoordinación es notoria. CONADU convocó a una jornada de protesta el martes 21 y paro el miércoles 22.

CONADU Histórica profundizará el conflicto con 48 horas de paro y reclamo de reapertura paritaria ante el brutal deterioro salarial. FEDUN, por su parte, se suma con 24 horas de paro el martes.

La estrategia gubernamental es clara: desgastar, dividir y esperar que el conflicto pierda fuerza.

Mientras tanto, las universidades públicas agonizan, los salarios se desploman y miles de estudiantes ven amenazado su derecho a la educación superior.

Una vez más, la democracia parlamentaria es pisoteada por un Ejecutivo que considera las leyes como meras sugerencias.