Esta tarde se definirá el funcionamiento de la Comisión Investigadora $Libra, cuando los diputados que la integran establezcan el reglamento que regirá hasta diciembre, fecha de finalización de su mandato.

La sesión marcará el debut de Maximiliano Ferraro como presidente, tras un prolongado periodo de inactividad provocado por el bloqueo sistemático del oficialismo de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, que hasta ahora solo permitió un encuentro preliminar con especialistas en criptomonedas.

El objetivo principal del encuentro será acordar las primeras medidas de prueba y definir el alcance de las facultades de la comisión, en particular la potestad de convocar a funcionarios mediante el uso de la fuerza pública en caso de negativa a comparecer.

Gran parte de la atención se centra en la estrategia frente a los funcionarios nacionales involucrados.

Mientras un sector de la comisión impulsa la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, otros diputados proponen un procedimiento más gradual, enviando primero preguntas por escrito y reservando la citación directa como último recurso.

El oficialismo, por su parte, decidió no participar, alegando que el plazo de la investigación ya habría expirado, lo que anticipa un trámite sin resistencia para la aprobación del reglamento y el inicio de las medidas.

En la antesala de la reunión, los diputados opositores difundieron un comunicado con los avances de la investigación. Firmado por Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Pablo Carro, Christian Castillo, Mariela Coleta, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Nicolas Massot, Sabrina Selva, Julia Strada y Rodolfo Tailhade, el informe sostiene que la presunta estafa recibió “el impulso esencial del entonces presidente Javier Milei, quien promovió el contrato de la moneda a través de un mensaje en la red social X, actuación sin la cual el fraude no se habría concretado”.

El documento aclara que la eventual responsabilidad penal de Javier Milei corresponde a la justicia, pero resalta que su intervención fue determinante, describiéndola como “participación primaria” desde el punto de vista penal.

Según los hallazgos preliminares, la maniobra se habría configurado como un “rug pull”, donde los desarrolladores lanzan un activo cripto, lo promocionan —en este caso con respaldo presidencial—, captan fondos y luego abandonan el proyecto, apropiándose del dinero invertido.

Entre los indicios destacados, se mencionan “al menos 74 billeteras virtuales que compraron $LIBRA antes del tuit presidencial, lo que sugiere acceso a información privilegiada”, y la existencia de grandes transferencias que coincidieron con reuniones en la Casa Rosada entre Milei y actores clave del proyecto.

En paralelo, la investigación judicial sigue su curso tanto en Argentina como en Estados Unidos, con allanamientos, congelamiento de bienes y pedidos de información bancaria, así como una demanda colectiva en Estados Unidos presentada por damnificados.

El comunicado también denuncia que las defensas públicas de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “no respondieron a detalles clave de la operatoria ni aclararon el origen de la información utilizada para promover $LIBRA”, y subraya contradicciones en declaraciones oficiales, registros de ingresos a la Casa Rosada y testimonios que apuntan a una coordinación deliberada para impulsar el proyecto, pese a las advertencias sobre riesgos y antecedentes de los promotores.

El informe concluye que hay evidencia suficiente de una maniobra fraudulenta incompatible con normas de ética pública, impulsada con apoyo del entorno presidencial, con consecuencias judiciales y políticas de alcance internacional. La investigación continúa abierta en Argentina y Estados Unidos, y la comisión seguirá trabajando para esclarecer responsabilidades.