Mientras el Gobierno de Javier Milei se jacta de una supuesta “libertad de mercado”, la industria nacional del juguete sufre un golpe demoledor.

A pocas semanas del Día del Niño, el sector enfrenta una crisis inédita por la avalancha de productos importados que inundan el mercado argentino, sin control de calidad, sin regulaciones estrictas, y con el visto bueno del Estado.

En lo que va del año, las importaciones de juguetes se dispararon de forma alarmante: un aumento del 108,7 por ciento en volumen y un 79 por ciento en valor, alcanzando los 10.500 toneladas y 58,3 millones de dólares, respectivamente.

¿La razón? La política de apertura irrestricta impuesta por el Ejecutivo, que parece decidido a fundir la producción nacional para favorecer intereses foráneos.

La cantidad de empresas importadoras se duplicó en apenas un año: de 265 en 2024 a 501 en 2025. El 43 por ciento de los juguetes que ingresan provienen de China, a precios irrisorios –menos de tres dólares por kilo– imposibles de igualar por la industria local, que paga sueldos, impuestos y cumple regulaciones que los importadores ya no necesitan respetar.

El desmantelamiento del sistema de monitoreo de importaciones (SIRA), reemplazado por el más laxo SEDI, la eliminación del impuesto PAIS, la extensión del tope para compras por courier y la reducción de trámites administrativos conforman una combinación letal.

El resultado es una apertura indiscriminada que no solo arrasa con las fuentes de trabajo locales, sino que pone en riesgo la seguridad de los más chicos.

Los juguetes importados, especialmente los que ingresan como compras personales por courier, ya no están sujetos a controles obligatorios de calidad ni a certificaciones IRAM ni a requisitos eléctricos. C

omo advierte Gabriel Salomón, de la empresa Jidoka, se trata de productos que pueden contener ftalatos y otras sustancias químicas peligrosas, con riesgos comprobados para la salud infantil.

Mientras los fabricantes argentinos deben sobrevivir en condiciones asfixiantes y pelear contra el dumping, el Gobierno nacional mira para otro lado. En lugar de defender la industria, promueve un modelo donde el "mercado libre" solo sirve para destruir empleo y reducir a cenizas la producción nacional.

Las recomendaciones para los consumidores –verificar la procedencia, exigir certificaciones y evitar productos sin controles– exponen un hecho inaceptable: el Estado se ha retirado de su rol de regulador y protector.

Hoy, en la Argentina de Milei, cuidar la salud y la economía familiar es una responsabilidad que recae por completo en la ciudadanía.

La fiesta de las importaciones puede traer juguetes más baratos, pero el costo es altísimo: fábricas cerradas, empleos perdidos, productos inseguros y un país cada vez más dependiente del exterior.