El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa encargada de brindar agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo hizo a través del vocero presidencial Manuel Adorni, quien comunicó la decisión durante su habitual conferencia en Casa Rosada.

Según anunció el portavoz, el Estado transferirá el 90 por ciento de las acciones de AySA al sector privado.

La operación se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un “operador estratégico” y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores.

El 10 por ciento restante quedará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, un esquema ya vigente.

El anuncio del Gobierno ocurre en un contexto donde la falta de agua afecta a millones de personas y donde los problemas de infraestructura son moneda corriente en el servicio que brinda AySA.

Sin embargo, lejos de plantear un plan de mejora estatal o inversión pública, la gestión actual optó directamente por poner a la venta la empresa.

El argumento oficial es que desde su estatización en 2006, AySA le costó a los argentinos 13.400 millones de dólares. El vocero destacó también un "fuerte deterioro" en la infraestructura y un aumento del personal del 90 por ciento en ese período. Además, Adorni señaló que el nivel de morosidad de los usuarios creció hasta alcanzar el 16 por ciento, cuando antes rondaba el 4 por ciento.

Con esta decisión, el Gobierno abre la puerta a la privatización de un servicio público esencial, en un contexto donde cada vez son más los sectores que denuncian que el ajuste y la política de “venta de activos” avanza sin freno, incluso sobre bienes estratégicos como el agua.