El tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno ha generado una fuerte crisis dentro de la propia central obrera.

Las diferencias entre los distintos sectores sindicales han quedado en evidencia con la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la medida de fuerza y con el resquebrajamiento del bloque dialoguista, que enfrenta una creciente disputa de liderazgo de cara a la renovación de autoridades en noviembre.

Las tensiones internas venían gestándose en los últimos meses debido a la falta de una postura clara de la CGT frente a la administración libertaria, pero la convocatoria a la huelga aceleró el proceso.

Héctor Daer, uno de los cotitulares de la central, abandonó su perfil moderado para alinearse con el sector más combativo que impulsaba el paro, lo que generó malestar en algunos dirigentes que hasta ahora formaban parte del bloque negociador.

Daer se acercó a figuras como Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), mientras que Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) se distanciaron de esa línea y encontraron mayor afinidad con Luis Barrionuevo (Gastronómicos), quien promueve un recambio en la conducción de la CGT.

Los cuestionamientos contra Daer apuntan a su estilo de liderazgo y a la sospecha de que busca posicionarse como único secretario general en noviembre, dejando atrás el esquema de triunvirato.

Uno de los focos de conflicto más notorios es el caso de la UTA, que argumentó estar bajo conciliación obligatoria en su conflicto salarial para no sumarse al paro.

Si bien existen antecedentes de gremios que igualmente adhirieron a medidas de fuerza en estas condiciones, Roberto Fernández, líder del sindicato de los colectiveros, ha optado en varias ocasiones por mantener el diálogo con los gobiernos de turno en lugar de confrontar abiertamente.

Su postura generó críticas dentro del sindicalismo y algunos dirigentes sostienen que su decisión responde a presiones oficiales, que incluyen auditorías a la obra social del gremio.

La resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada en el Boletín Oficial, que excluye a la obra social de la UTA del registro para la atención de jubilados y pensionados, fue interpretada como un intento de disciplinamiento por parte del Gobierno. Sin embargo, fuentes oficiales sostienen que se trata de una decisión administrativa solicitada por la propia entidad debido a dificultades financieras.

Si finalmente la UTA no adhiere al paro, la normalidad en el servicio de colectivos afectará el impacto de la huelga y representará un revés para la CGT, mientras que el Gobierno capitalizará la fractura sindical. Dentro de la central obrera ya surgen preguntas sobre los pasos a seguir después de la medida de fuerza, sin que haya una estrategia definida a largo plazo.

Sergio Palazzo (Bancarios), un dirigente que históricamente se ha ubicado en el ala dura del sindicalismo, sostuvo recientemente que el paro debería abrir la puerta a una instancia de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, el oficialismo ha mostrado escaso interés en negociar con la CGT y los intentos de algunos funcionarios de desactivar la huelga no prosperaron.

En este contexto, el debate sobre la conducción futura de la CGT se intensifica. Mientras algunos sectores impulsan una renovación antes de noviembre, otros prefieren esperar a la fecha prevista. Lo cierto es que, más allá del impacto del paro, la interna sindical ya está en marcha y podría redefinir el mapa del sindicalismo argentino en los próximos meses.