Aerolíneas Argentinas anunció que denunciará a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza implementadas contra la compañía y comenzará el proceso para expulsar a Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del Directorio de la empresa. Esta decisión se comunicó este martes a través de un comunicado oficial.

Según la nota de la compañía, “las recientes medidas de fuerza de los gremios APLA y AAA (Asociación Argentina de Aeronavegantes), disfrazadas de ‘asambleas informativas’, han generado pérdidas superiores a los dos millones de dólares”.

Aerolíneas adelantó que presentará una demanda contra los gremios involucrados por los daños ocasionados, incluyendo el lucro cesante y los reclamos de los pasajeros perjudicados. La denuncia también se dirigirá contra los principales referentes sindicales: Pablo Biró de APLA y Juan Pablo Brey de AAA.

El documento destaca que Pablo Biró, al ser miembro del Directorio de Aerolíneas Argentinas, tiene una responsabilidad adicional debido a sus manifestaciones públicas y acciones directas contra los intereses de la empresa, lo que constituye un acto desleal según el artículo 59 de la Ley General de Sociedades. Por ello, la Secretaría de Transporte, principal accionista de la compañía, ha solicitado el inicio del proceso para su expulsión del Directorio.

En cuanto a las sanciones, Aerolíneas informó que ya se realizaron más de 400 descuentos a pilotos y tripulantes por incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos, con montos que oscilan entre los 150 mil pesos diarios para pilotos y 50 mil pesos para tripulantes. La empresa reafirmó su compromiso de evitar más complicaciones en los itinerarios y denunciará cualquier medida gremial que busque perjudicar a los pasajeros.

Respuesta de los gremios aeronáuticos: rechazo a la declaración de “esencialidad”

Los gremios aeronáuticos, por su parte, rechazaron la decisión del Gobierno nacional de declarar como “esencial” la actividad aérea, calificándola de “ilegal y arbitraria”.

En un comunicado conjunto firmado por representantes de APLA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), se expresó que “la reglamentación de la esencialidad del servicio aeronáutico comercial comprometería la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados”.

El comunicado argumenta que el transporte aéreo ya está regulado como un servicio público de importancia trascendental y que cualquier intento de modificar el derecho de huelga por fuera de la normativa vigente, como se pretende con el DNU 70/23, sería inconstitucional y nulo.

Además, el documento señala que la regulación del derecho de huelga solo puede ser modificada a través de la ley 25.877 y su reglamentación, bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que solo una “Comisión de Garantías” puede declarar a un servicio público como esencial.

Los gremios concluyen que cualquier acto administrativo que se emita fuera del régimen legal constituirá un abuso de autoridad, un exceso de poder y una violación de los deberes del funcionario público, conforme al artículo 248 del Código Penal.