Si hay una característica personal de Alberto Fernández que define al Gobierno del Frente de Todos, es indudablemente su tibieza, falta de resolución, y poca capacidad de sostener sus decisiones con firmeza. La tendencia del Presidente a recular o cambiar de parecer y tambalearse a medias tintas sobre diversos temas, ha sacado de quicio a sus aliados dentro del espacio gobernante, y le ha servido a sus detractores para encontrar un lugar por dónde lastimar al oficialismo.

Esta falta de resolución y firmeza de carácter del Gobierno quedó una vez más a la vista al apelar el fallo que le había ordenado resolver en 30 días el pedido del gobierno porteño para importar las armas. Planteo que por el coronavirus hay “una limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales” y que a eso se debía la demora

El Gobierno nacional apeló el fallo de la justicia federal que le había ordenado resolver en 30 días el pedido administrativo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo en febrero de 2021 ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para que le permitan ingresar al país 60 pistolas Taser para la policía local. La justicia había tomado esa decisión ante la demora de la ANMAC en resolver el planteo.

La apelación fue presentada por los abogados del Ministerio de Justicia de la Nación -de quien depende la ANMAC- para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y basó su argumentación en la pandemia del coronavirus. La apelación ya fue concedida y ahora se debe sortear la Sala de la Cámara que intervendrá.

En la apelación, el gobierno volvió a plantear -como lo había hecho cuando pidió que se rechace el planteo- que por la pandemia del coronavirus tienen “una limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales”.

“Esta representación estatal debe hacer nuevamente mención a la situación de pandemia epidemiológica de azota al mundo entero y, en el caso particular, también nuestro país, lo que es de público conocimiento. En nuestro país, ha sido decretada la emergencia pública en materia sanitaria, la que fuera declarada por la Ley 27.541″, sostiene la presentación que agrega que el Poder Ejecutivo “ha dispuesto actualmente una limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales, en todo el ámbito de las oficinas nacionales y también, específicamente en el caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“En consecuencia, existe una ley emanada del poder Legislativo que decretado la emergencia pública en materia sanitaria, asimismo se dictaron distintos Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene fuerza de Ley Nacional, en el que por razones sanitarias dispusieron el distanciamiento social obligatorio que se encuentra vigente a la fecha”, concluye el escrito de tres páginas al que accedió este medio.

El caso se remonta al 24 de febrero de 2021 cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó ante la ANMAC un pedido para que se autorice el ingreso al país de 60 pistolas marca Taser modelo X2 para la policía porteña. Son armas consideradas de baja letalidad -disparan una descarga eléctrica que paraliza a la persona- y se utilizan en determinados lugares con aglomeración de gente donde el uso de armas de fuego puede ser peligroso.

Al tratarse de armas importadas, el trámite requiere de la autorización de la ANMAC. En un primer momento el organismo aceptó en agosto de 2021 el pedido pero luego volvió sobre sus pasos y revocó la autorización. La aprobación había sido dada por Ramiro Urristi, entonces titular del organismo, que luego se fue. En ese momento el gobierno porteño señaló que fue echado por una pelea ideológica ya un sector del kirchnerismo rechaza a las Taser por considerar que su utilización viola los derechos humanos.

Pero luego el pedido nunca se resolvió a pesar de los distintos planteos que se hicieron. Así, el gobierno porteño presentó en la justicia un amparo por mora para que se le ordene al organismo que tome una decisión.

Ante el planteo, la ANMAC pidió que se lo rechace y por la pandemia del coronavirus que ahora volvió a traer en la apelación. El 16 de noviembre del año pasado los abogados del organismo señalaron que “si bien actualmente la Administración Pública está en funcionamiento, fueron dos años donde por motivos sanitarios no se desarrollaron tareas de manera plena, sino todo lo contrario, como es de público notorio, esto ha generado atrasos y/o cuellos de botellas que día a día se han ido solucionando, pero aún no se han resuelto en forma definitiva”.

Agregaron que “la mayoría de los casos de coronavirus acaecieron, en la zona denominada AMBA, lo que dificultó y ralentizó la búsqueda de los expedientes que no han sido digitalizados en forma completa y el dictado de los actos administrativos correspondientes y, consecuentemente, el trámite normal de las actuaciones administrativas.

La ANMAC también planteó que con el cambio de autoridades “se priorizó poner nuevamente en funcionamiento a la misma, debiendo subsanarse el atraso generado por las consecuencias de la pandemia” y que “debieron ser efectuadas adecuaciones en las instalaciones en donde el personal de ANMaC presta servicios, en cumplimiento de lo establecido por el ´Protocolo Covid-19´″. El organismo planteó en la justicia la cantidad de expedientes que tiene: “durante el 2022, y en el contexto de retorno a la presencialidad, ingresaron 358.191 trámites, donde 77.041 corresponden a trámites de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y lo cual implicó la emisión de 51.505 credenciales”.

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa rechazó hace dos semanas los argumentos de la ANMAC e hizo lugar al amparo por mora. “Atendiendo que la demandada no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora y habiendo transcurrido un plazo razonable sin que la autoridad administrativa competente dicte resolución en el expediente administrativo, corresponde hacer lugar a la acción intentada”, resolvió el magistrado que le dio 30 días al organismo para que resuelva el pedido sobre los Taser, lo que ahora fue apelado.

El tema volvió al debate con el crimen la semana pasada de la oficial de la Policía de la ciudad Maribel Zalazar que cuando ayudaba a un hombre en la estación de subte de Retiro el quitó el arma y le dio un tiro. “Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes. Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”, dijo en su cuenta de la red social Twitter el ministro de Seguridad de la ciudad con licencia, Marcelo D’Alessandro.