La aceleración de la tasa de inflación, de un ritmo inicial de 50 por ciento anual en enero a 78 por ciento en agosto y que se proyecta en las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023 en 95 por ciento para diciembre próximo, arrastra inexorablemente el aumento de las partidas vigentes para el resto del 2022, en particular en las áreas que ajustan con rezago trimestral por la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (IPC) y de los recursos de la Anses, como es el caso del “gasto social”.
Ese efecto se aprecia con claridad al comparar los créditos presupuestarios vigentes para el conjunto de la Administración Central de 16,29 billones de pesos, con el presentado como cierre para todo el año en el Presupuesto 2023 de 16,77 billones de pesos.
🗞 El Gobierno proyecta más recortes de gastos en Educación, Salud y Transporte: $130.000 millones en lo que resta del añohttps://t.co/zVpZsY5pxg
— Noticias Solidarias - 1 Año 🇦🇷 (@notisolidaria) September 24, 2022
Esto es, se estima que a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del ministro de Economía, o bien por medio de un Decreto ómnibus de centenares de páginas como ha ocurrido casi ininterrumpidamente en cada último trimestre del año en las últimas dos décadas, se dispondrá una ampliación neta del gasto público en 480.000 millones de pesos, con subas y bajas en el desagregado por principales jurisdicciones.
Entre los Ministerios que se prevé acusarán recortes nominales una vez más, como ocurriera en agosto último, se destacan los de Educación 45.336 millones de pesos; Salud 44.302 millones de pesos; y Transporte 40.000 millones de pesos, aunque la mayor poda la sufrirá la Tesorería con 63.970 millones de pesos, y por extensión las provincias que tendrán una caja más delgada a dónde acudir para recibir transferencias discrecionales, como se ha observado desde el inicio del año.