La Procuración del Tesoro de la Nación reabrió un sumario administrativo para determinar la posible existencia de irregularidades por parte de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el fallido acuerdo de pago de deuda del Correo Argentino con el Estado, en el trámite de la quiebra de esa empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, informaron este lunes fuentes judiciales.

La decisión de reabrir el sumario administrativo fue del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien revocó "con fundamento en su ilegitimidad" una resolución de la anterior gestión del organismo del 3 de mayo de 2018, que lo había clausurado porque se concluyó que no hubo irregularidades imputables a agente alguno, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Esa resolución clausuró el sumario al concluir que no se habían registrado irregularidades imputables a agente alguno en el trámite de ese acuerdo, alcanzado durante la presidencia de Mauricio Macri, y que sin embargo fue objetado por la fiscal de la causa de la quiebra, Gabriela Boquin, quien lo calificó como "ruinoso" para el Estado.

La propuesta de acuerdo suscripto entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional a través del ex Ministerio de Comunicaciones se presentó en el juzgado que lleva adelante el proceso de quiebra, pero no prosperó luego del dictamen fiscal que lo consideró "perjudicial" para el erario público.

Al abrirse el sumario, se dispuso una "auditoria integral respecto de la actuación de los representantes del Estado" en la causa judicial por la quiebra, pero el resultado de aquella supervisión -realizada por la Procuración del Tesoro en 2018- fue que no hubo "delito alguno".

Ahora el sumario quedó reabierto luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara a mediados de este mes un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el cierre del expediente, por haberse vulnerado su derecho a ofrecer prueba.

"Este organismo coincide con lo señalado en la sentencia", se explicó en la resolución de la Procuración, "en el sentido de que los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva".